Este itinerario se puede canalizar a través de la Ley General de la Discapacidad, de obligado cumplimiento para las empresas de más de 50 empleados, en el caso de tener vigente un certificado de excepcionalidad que recoja como medida alternativa la donación de los fondos LGD a una fundación cuyos fines sociales sean la integración socio-laboral de personas con discapacidad. 

Además, este plan puede ser contratado de forma directa a Fundación FDI para trabajar con aquellas personas con discapacidad que quieran tener una orientación profesional con un equipo de psicología y atención directa con las necesidades requeridas en cada uno de los casos.